Seguridad contraciudadana

Publicado en La Opinión de Murcia

«Bajo un Gobierno que encarcele a alguien injustamente, el sitio adecuado para una persona justa es también la cárcel», escribía Henry David Thoreau en 1848 en su conferencia titulada La desobediencia civil, cita que el Gobierno ha puesto de plena actualidad. Dicha obra sirvió de inspiración a Gandhi en la resistencia contra la ocupación británica en la India, o a Martin Luther King, Jr. en la estrategia de acciones directas no-violentas en contra de las leyes segregacionistas de la población negra en EEUU. La desobediencia civil y la presión social han conseguido a lo largo de la historia la modificación de leyes que hoy consideramos injustas y nefastas. En cambio, el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana presentado por el Gobierno de España en Consejo de Ministros incide claramente en la criminalización de la desobediencia civil.

El título del citado anteproyecto de ley ya es de por sí manipulador; seguridad ciudadana no es criminalizar al ciudadano que protesta pacíficamente contra las medidas que lo están empobreciendo; seguridad ciudadana es tener servicios públicos de calidad; seguridad ciudadana es tener la garantía de que si pierdes el empleo no vas a vivir en la miseria; seguridad ciudadana es confiar en que siempre va a haber una solución habitacional para ti y tu familia; seguridad ciudadana es saber que aunque lo estés pasando mal económicamente tus hijos e hijas van a poder comer como mínimo tres veces al día y, en definitiva, seguridad ciudadana es tener la seguridad de que no vas a perder tu condición de ciudadano, es decir, que vas a poder conservar intactos tus derechos independientemente de tu estatus laboral y económico.

Por contra, ¿legisla este Gobierno contra la corrupción y el fraude fiscal que en un 80% es atribuible solamente a las grandes empresas y fortunas? No, porque esto sería legislar contra sí mismo y contra la minoría que representa; esa minoría que se sigue enriqueciendo a costa de la mayoría social que va camino de la miseria; minoría que es rescatada con dinero público, que evade impuestos, que lleva el dinero a paraísos fiscales. La Policía debería estar para protegernos de estos antipatriotas de pulserita de España, debería estar para perseguir a corruptos y a los banqueros culpables de esta crisis, y no para reprimir a los ciudadanos que protestan en la calle.

Hay algunos aspectos de este anteproyecto de ley que son especialmente preocupantes. Por un lado se convierten algunas faltas y los nuevos métodos de protesta en infracciones administrativas. Esto que podría parecer una acción despenalizadora del Gobierno no lo es tanto, en realidad se busca castigar administrativamente lo que los jueces no están castigando por vía penal, de hecho hasta verano de este año ninguno de los 447 detenidos en movilizaciones del 15M en Madrid había sido condenado. Con esta medida se busca pasar de un procedimiento penal, en el que se tiene que demostrar que el acusado cometió un delito tipificado, a un procedimiento contencioso-administrativo, en el que el ya multado tiene que demostrar que la administración le ha impuesto una sanción injustamente, a lo que hay que sumar que el sancionado tiene que pagar las tasas para acceder al procedimiento.

En segundo lugar se elimina el concepto de falta para convertir algunas de ellas en delitos leves. Aunque podrían no variar las sanciones impuestas, las faltas no contaban como antecedentes penales, pero ahora convertidas en delito sí. Con esta medida queda clara la intención del Gobierno de que activistas sociales pasen temporadas en la cárcel por acumulación de lo que antes de este anteproyecto de ley eran meras faltas; y estamos hablando de un país con uno de los índices de criminalidad más bajos y con una de las poblaciones penitenciarias mayores respecto a los países de su entorno.

Con todo, lo más preocupante es la indefinición de algunas tipificaciones penales como la de 'ofensa' a España o el uso de términos como 'peligrosos'. En un Estado de Derecho, el principio de legalidad consiste en someter toda actuación judicial en materia penal a la preexistencia de una norma que defina claramente el delito, lo que da garantías al acusado frente a la posible arbitrariedad del poder. Sin embargo, con este nuevo Código Penal lo que se busca es prevenir la comisión de delitos criminalizando a todos aquellos que osen levantar la voz en la calle, lo que es más propio de derechos penales totalitarios.

Cuando al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se le pregunta en rueda de prensa qué considera él como ofensa a España y no sabe responder, no es que esté haciendo el ridículo, es que se está buscando precisamente esta indefinición. Esto abre una gran libertad de interpretación al juez que hace de él un instrumento político de régimen.

'Problemática"', 'autoritaria', 'camino a una dictadura', 'amenaza a la democracia' son algunos de los términos empleados en la prensa europea para definir este borrador de ley; hasta el comisario europeo de derechos humanos, Nils Muiznieks, lo considera 'altamente problemático', a lo que Fernández Díaz ha respondido con el enfrentamiento. Claro, ¿qué se puede esperar de aquellos que una noche se acostaron franquistas y a la mañana siguiente se levantaron demócratas? Efectivamente, que cambiasen en apariencia para no cambiar en la realidad.

Y es que a estos 'demócratas' lo que les va es lo retro, lo anterior a la mal llamada transición.

Aeropuerto de San Javier público y rentable. Hablan los trabajadores

El 26 de septiembre de 2013 el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia autorizó la operación de crédito de 200 millones de euros para hacer frente a una eventual ejecución del aval del aeropuerto de Corvera por incumplimiento de las obligaciones contractuales de la empresa concesionaria. Dicho crédito irá a engrosar las cifras de la deuda de la Región de Murcia y supondrá que todos los murcianos y murcianas pagaremos con intereses durante los próximos años los delirios de grandeza de un presidente, Ramón Luis Varcárcel, que próximamente pondrá rumbo a Europa.

Y es que el presidente de la Comunidad ha ligado el éxito de Corvera, un aeropuerto que sigue sin funcionar y que será gestionado por empresas privadas, al cierre de un aeropuerto público y rentable como es el de San Javier.

En el siguiente podcast de la radio local de San Javier se puede escuchar una interesante entrevista de 50 minutos a tres trabajadores del aeropuerto de San Javier, los cuáles ponen en evidencia las vergüenzas tanto técnicas como de gestión del proyecto del aeropuerto de Corvera, cuyo coste será asumido por todos los murcianos y murcianas suponiendo un claro ejemplo de lo que podríamos denominar deuda ilegítima.

Aeropuerto de Corvera. Toda la verdad.

Pedro Luis López Sánchez, @estrateglobal

Murcia: institucionalizando la represión

Artículo escrito con motivo de las I Jornadas Anti Represión de la Región de Murcia que se celebraron el 13 y 14 de noviembre. Publicado en Kaosenlared.net, Rebelion.org, Insurgente.org, Tercera Información, Elpajarito.es, Vega Media Press.

Desde la ventana un excitado chico gritaba “¡Toma, toma, toma!”; como el que ve un espectáculo en televisión o en un gran estadio de fútbol, supongo acostumbrado a ver violencia un día sí y otro también como un producto comercial y de consumo. Sin embargo al terminar la carga policial, con un tono de preocupación, comentaba: “A aquel lo han dejado KO, eh”, “Aquel no se levanta”. En ese momento se había informado en directo de lo que significa la represión en su estado más crudo y violento.

El 14 de noviembre se cumplirá un año desde que una treintena de agentes de la UPR –antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía– le destrozaran la cara a Carlos Gorairis a base de porrazos y patadas, y agredieran a 11 personas más, tras una carga policial desproporcionada y sin provocación previa contra manifestantes totalmente desarmados y pacíficos; en lo que quizá sea el caso más representativo de la represión policial en Murcia. “Contención de la masa” lo denominó el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Joaquín Bascuñana, en un ejercicio de triple salto mortal con tirabuzón eufemístico. ¿Un caso aislado de tan solo unos cuantos policías a los que se les fue la mano? Desgraciadamente no, la represión en Murcia está totalmente institucionalizada. Pero empecemos esta historia retrotrayéndonos algo mas atrás en el tiempo, hasta el 14 de enero de 2011, día en el que el consejero de Cultura de la Región de Murcia, Pedro Alberto Cruz, fue agredido al grito de “sobrinísimo”.

Meses previos al ya famoso 15 de mayo de 2011 y con el funcionariado en pie de guerra por los primeros recortes que fueron aprobados por la Asamblea Regional la víspera de la Nochebuena del 2010, el 14 de enero de 2011 el consejero Pedro Alberto Cruz fue agredido por la noche cerca del portal de su casa, provocándole heridas de diversa consideración en el rostro. La Policía Nacional, al mando del entonces delegado de Gobierno en la Región, Rafael González Tovar, actual secretario general de los socialistas murcianos, detiene a un joven sin pruebas contra él y comienza toda una campaña de acoso y derribo contra lo que el presidente del Gobierno regional, Ramón Luis Varcárcel, bautizó como la “izquierda poliédrica”, ya que el chico detenido estaba relacionado con el movimiento antifascista murciano. Durante las 72 horas que estuvo retenido por la Policía Nacional, en la prensa se revelaron detalles personales de él y de su familia, incluso información del negocio de su padre, dejando la ética y la profesionalidad periodística a la altura del betún. A esto siguieron entrevistas en radio y televisión a nivel estatal, líneas y líneas de artículos de opinión y toda una campaña mediática por parte del Gobierno regional en un miserable intento de relacionar la agresión al consejero con las protestas de los funcionarios. El chico fue puesto en libertad, ya que el consejero no lo llegó a reconocer como su agresor, y de los motivos reales de la agresión, posiblemente relacionados con la noche murciana, nada se sabe, todo disuelto como un azucarillo. Pero nos quedó alguna explicación sin aclarar: ¿por qué la Policía Nacional retiene 72 horas a un chaval concreto en base a su afiliación ideológica? Ya entonces preocupó esta situación, pero nadie se podía imaginar el nivel de represión que se llegaría a alcanzar en esta región.

El 29 de marzo de 2012, día de la huelga general contra el gobierno de Zapatero, y con González Tovar aún al mando de la Delegación del Gobierno, un miembro de la Policía Nacional, en las cercanías de la estación de autobuses de San Andrés, empujó a un participante de un piquete de más de 60 años con el resultado de la rotura de la cadera y del fémur. Aún más: delante de varios testigos el funcionario policial se negó a llamar a una ambulancia para que el hombre fuera trasladado lo más urgentemente posible a un hospital. Se presentó denuncia penal por un delito de lesiones y omisión del deber de socorro.

El 4 de mayo de 2012 se organiza una protesta contra la visita de Emilio Botín, presidente del Banco Santander, a la universidad pública. En el transcurso de la protesta, la Policía Nacional arrebató el teléfono móvil a una de las personas presentes tras agarrarla por el pelo y tirarla al suelo. Días después se le comunica a esta persona que su teléfono móvil está en el juzgado, lo que se aprovecha para identificarla y denunciarla junto a otros tres manifestantes haciendo uso, no cabe otra explicación, de listas negras; ya que las identificaciones no se hicieron en el momento de la protesta, sino posteriormente. El pasado 15 de octubre los cuatro acusados acudieron a la Ciudad de Justicia de Murcia, donde se les comunicó que la vía penal había prescrito, quedando abierta la vía contencioso-administrativa que podría ser usada por la Delegación del Gobierno, ya en manos de Joaquín Bascuñana, para imponer sanciones administrativas elevadas como medida ejemplarizante e intimidatoria en lo que se denomina represión de baja intensidad, algo que es usado indiscriminadamente por delegaciones del Gobierno en todo el Estado.

En junio de 2012, tres ciudadanos de Murcia decidieron interponer sendas denuncias contra miembros de la UPR por agresiones de todo tipo cuando protestaban pacíficamente delante de los juzgados contra el alcalde de la ciudad de Murcia, Miguel Ángel Cámara, que se dirigía a declarar como imputado en el caso Umbra. La defensa, a cargo del sindicato policial CEP, basa su argumentación en criminalizar a los denunciantes con la intención de justificar el uso de la violencia excesiva por parte de los miembros de la UPR, acusando a los mismos denunciantes de dedicarse “casi profesionalmente, a alterar el orden público, en cada manifestación, evento o reunión de personas, llamésele como se le llame, provocando siempre algún tipo de incidencias en las que los mismos son los protagonistas” e incluso destacando la presencia “de un conocido antisistema”. Cabe recordar que ninguno de los denunciantes tiene antecedentes penales, lo que nos lleva de nuevo al uso de listas negras de personas que protestan contra la injusticia que estamos viviendo de corrupción, estafa bancaria y pérdida de derechos.

Prosigamos con uno de los casos más evidentes de montaje policial. El 29 de septiembre de 2012, tras la manifestación en Murcia en el contexto de las protestas en todo el Estado denominadas “Ocupa el Congreso”, varios agentes de la Policía Nacional motorizados arremetieron contra un grupo de manifestantes en frente de la Delegación del Gobierno, dispersándolos entre golpes de porra indiscriminados y amenazas de atropello. Un chico de apenas 16 años, Alan, acabó con el tobillo partido tras el atropello por parte de una moto (necesitó cinco clavos en el tobillo, meses de recuperación en silla de ruedas y le quedarán secuelas para toda la vida), fue apaleado y estuvo retenido en comisaria sin asistencia médica durante horas hasta que se vieron obligados a avisar a su madre y llevarlo a urgencias por su condición de menor. Alan denunció al agente que le atropelló y sus acompañantes, lo que provocó una contradenuncia por parte de la Policía Nacional acusando a Alan de haber tirado a un funcionario policial de la moto. Inicialmente la Fiscalía pedía nueve meses de internamiento en un centro de menores para Alan (una de las penas más altas pedida a un menor sin antecedentes), petición que tuvo que rebajar a libertad vigilada tras la declaración de los agentes policiales, que incurrieron en numerosas contradicciones. Finalmente Alan fue absuelto en un auto donde el juez deja acreditado que el joven no tiró piedras ni había golpeado ninguna moto.

El 12 de octubre de 2012, en el marco de una manifestación convocada por la Coordinadora Antifascista del Sureste, varias personas son denunciadas por altercados con la Policía Nacional que protegía una manifestación de ultraderechistas en Alfonso X el Sabio. Se da la circunstancia de que la mayoría de acusados no estaban en la ciudad, alguno tiene un alto grado de minusvalía e incluso los hay que viven hace más de cinco años fuera de Murcia. El fiscal ya ha pedido la libre absolución para 14 de los imputados por estas circunstancias y se está a la espera del fallo. Estas imputaciones nos demuestran una vez más la existencia de listados ilegales en la Policía Nacional de personas en base a su ideología, estética, pertenencia a partidos políticos o sindicatos.

Llegamos a la mañana del 14 de noviembre de 2012, día de la huelga general en contra de las políticas del gobierno de Rajoy. Cuando las personas que habían participado en algunos de los piquetes que habían confluido en torno a la plaza Fuensanta se estaban despidiendo para ir a comer, efectivos de la UPR acorralaron sin motivo a algunos de los manifestantes en un callejón estrecho repleto de coches y otros vehículos a ambos lados de la calzada, cargaron sin previa provocación física con una proporción aproximada de dos antidisturbios armados hasta los dientes por cada manifestante desarmado, y finalmente, con toda su crudeza, empujaron a Carlos contra una moto y le patearon la cabeza cuando yacía inconsciente en el suelo. Además, otro de los manifestantes sufrió fractura en una mano y hubo dos detenidos. En un primer momento se intentó justificar la carga policial afirmando que hubo provocación previa con lanzamiento de piedras y objetos y se llegó a decir públicamente que Carlos se tropezó golpeándose con una moto que estaba en la acera. Incluso en el atestado policial se aportaron piedras como pruebas de la provocación previa y unos policías de paisano se hicieron pasar por familiares de Carlos en el hospital de la Arrixaca para acceder al informe médico. Gracias a la colaboración ciudadana y a las diferentes pruebas gráficas que fueron apareciendo en prensa se demostró la actuación represiva y desproporcionada de los antidisturbios. Ante la evidencia, el jefe superior de Policía, Cirilo Durán, tuvo que reconocer “mala praxis” en la actuación policial y ordenó la apertura de una investigación interna. Actualmente la Fiscalía ha interpuesto una querella contra el Cuerpo Nacional de Policía, en lo que parece una actuación del fiscal sin precedentes en el Estado Español.

Hagamos un descanso para tomar aliento. Entiendo que mi querida lectora o lector empezará a estar abrumado; esta sensación abrumadora solo es una pequeña muestra de lo que tienen que soportar las personas que protestan pacíficamente en Murcia contra las políticas de recortes, la pérdida de derechos y los vergonzantes casos de corrupción que inundan los ayuntamientos de la Región de Murcia. Tomemos un poco de aliento pero desgraciadamente tenemos que proseguir.

En enero de 2013, un conocido activista de los movimientos sociales en Murcia fue identificado y denunciado en el transcurso de una protesta, protesta que desde hace un año se va sucediendo en el barrio de Santiago el Mayor a favor del soterramiento de las vías y contra la construcción de un muro que convertiría los barrios del sur de la ciudad en auténticos guetos. Esta misma persona está sancionada con 1.300 euros por la ocupación de la Conserjería de Educación y el escrache al consejero Sotoca realizado junto a los compañeros interinos de Aidmur (Asociación de Interinos Docentes de Murcia), en junio de 2013. Cabe señalar que en todas estas protestas se hace uso de resistencia pacífica, por lo que ambas sanciones están recurridas y pendientes de resolución.

Como todos los martes, el 2 de abril de 2013, día de la conocida fiesta en Murcia del Bando de la Huerta, la plataforma Pro Soterramiento del AVE celebraba una concentración reivindicativa en el paso a nivel de Santiago el Mayor. Miembros de la UPR hicieron su aparición para identificar y denunciar a los allí presentes, todos ellos vecinos del barrio. La UPR empezó a detener a miembros de la plataforma cuando éstos pedían explicaciones por la forma de actuar de la Policía Nacional; una vecina de avanzada edad fue arrojada violentamente contra el suelo, lo que provocó la rotura de su muñeca, y finalmente hubo cinco detenidos. Una persona tendrá secuelas de por vida, uno de los detenidos denunció agresiones dentro del furgón policial cuando estaba esposado y un tercero fue derivado a un hospital con una angina de pecho debido a los golpes que recibió.

Y terminamos con un caso de represión racista. El 25 de julio de 2013 Abou Diemé salió de madrugada del restaurante en el que trabaja con su mujer, Olga, para ir a por el coche. Mientras maniobraba, varios agentes lo pararon acusándolo de llevar drogas en el coche. Abou les intentó explicar que venía de trabajar en su restaurante y que iba a por su mujer, varios agentes más se incorporaron a la discusión y finalmente recibió un puñetazo por parte de un agente que le hizo caer al suelo, se abalanzaron sobre él insultándole con improperios racistas y siguieron golpeándole, lo que le ha provocado una grave lesión de rodilla que le impide trabajar hasta el momento, pasados ya tres meses de la agresión. Golpeado y esposado lo llevaron a comisaria donde estuvo incomunicado 36 horas y recibió humillaciones e insultos. En el coche de Abou no encontraron ningún tipo de droga y tampoco aparecieron restos de drogas o alcohol en los análisis de sangre que le hicieron. Tuvo un juicio exprés acusado por estos policías de ¡intentar quitar una pistola a uno de ellos! Abou ha presentado denuncia contra estos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. Aparte, los 400 euros de la recaudación del restaurante que llevaba en el coche aquella noche siguen sin aparecer.

Durante estos duros años de represión se ha denunciado en reiteradas ocasiones la impunidad de la que gozan los miembros del Cuerpo Nacional de Policía al no ir debidamente identificados con su número de placa, lo que dificulta la denuncia cuando cometen barbaridades como las detalladas anteriormente. En este sentido, el colectivo Atrapa presentó una querella en los juzgados dirigida contra el delegado del Gobierno y el jefe superior de Policía de Murcia, que iba acompañada de numerosas fotos y vídeos de un total de seis manifestaciones ciudadanas acaecidas en 2012, en las cuales ningún agente de policía de los extensos operativos que las custodiaban llevaba su número de placa. La juez de instrucción nº 3 de Murcia, María de la Fe Tabasco Cabezas, no admitió a trámite la querella, permitiendo que se corra un velo de impunidad ante los responsables políticos por cuya causa la Policía se siente sin ataduras para apalear sin que sus actos tengan consecuencias judiciales. Tristemente, la justicia mira hacia otro lado.

Han pasado casi tres años desde que el presidente Varcárcel señalara con su dedo acusador a la “izquierda poliédrica” como la culpable de la agresión a su sobrino, a la izquierda social y política que lucha pacíficamente contra los recortes y contra la pérdida de derechos de toda la población. Visto desde la perspectiva que nos da el tiempo, pareciera como si aquel dedo acusador de entonces hubiera señalado el camino de la represión de estos años, un dedo que apunta hacía los alborotadores de lo que entienden ellos como el orden normal de las cosas, agachar la cabeza de camino hacia la miseria social.

Hace poco se conmemoró el 50 aniversario del discurso de Martin Luther King “Yo tengo un sueño”. Desde todas las instituciones se reclamaba la vigencia del mensaje de Martin Luther King, pero solamente aquella parte del mensaje que no incomoda al poder; censurando toda la otra parte radical, decidida y anticapitalista. Sepan ustedes que los herederos de Martin Luther King son todos estos activistas sociales que siguen aplicando la acción directa no violenta contra todas aquellas leyes injustas que llevan a la mayoría social a la miseria; son todos estos activistas de los escraches, de las concentraciones, de las ocupaciones, de las manifestaciones, de la resistencia pacífica. Activistas sociales y políticos que luchan contra un poder cada vez más deslegitimado, que no duda en usar la violencia represiva para seguir manteniendo los intereses y los privilegios de una minoría que se sigue enriqueciendo aún más con la crisis.

La Coordinadora Anti Represión de la Región de Murcia, coincidiendo con el primer aniversario de la brutal carga policial del 14 de noviembre de 2012, organiza los días 13 y 14 de noviembre en Murcia unas jornadas para denunciar públicamente la institucionalización de la represión como método de contención de la protesta social, de forma que se haga visible lo que permanece invisible, para verbalizar aquello que aún permanece en silencio. En palabras del propio Martin Luther King: "(...) los que seguíamos la senda de la acción directa no-violenta no somos quienes creamos la tensión. Nos limitamos a traer a la superficie la tensión oculta que se hallaba en estado latente desde mucho antes. La sacamos a la luz, porque así se la puede ver y actuar en consecuencia. Lo mismo que un tumor que no se puede curar mientras siga oculto, y que debe abrirse en todo su horror a los remedios naturales del aire y de la luz, la injusticia tiene que exponerse, con toda la tensión que esta exposición crea, a la luz de la conciencia humana y al aire de la opinión nacional si es que existe el deseo de subsanarla."