Desde la ventana un excitado chico gritaba “¡Toma, toma, toma!”;
como el que ve un espectáculo en televisión o en un gran estadio de
fútbol, supongo acostumbrado a ver violencia un día sí y otro también
como un producto comercial y de consumo. Sin embargo al terminar la
carga policial, con un tono de preocupación, comentaba: “A aquel lo han dejado KO, eh”, “Aquel no se levanta”. En ese momento se había informado en directo de lo que significa la represión en su estado más crudo y violento.
El 14 de noviembre se cumplirá un año desde que una treintena de
agentes de la UPR –antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía– le
destrozaran la cara a Carlos Gorairis a base de porrazos y
patadas, y agredieran a 11 personas más, tras una carga policial
desproporcionada y sin provocación previa contra manifestantes
totalmente desarmados y pacíficos; en lo que quizá sea el caso más
representativo de la represión policial en Murcia. “Contención de la masa” lo denominó el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Joaquín Bascuñana,
en un ejercicio de triple salto mortal con tirabuzón eufemístico. ¿Un
caso aislado de tan solo unos cuantos policías a los que se les fue la
mano? Desgraciadamente no, la represión en Murcia está totalmente
institucionalizada. Pero empecemos esta historia retrotrayéndonos algo
mas atrás en el tiempo, hasta el 14 de enero de 2011, día en el que el
consejero de Cultura de la Región de Murcia, Pedro Alberto Cruz, fue agredido al grito de “sobrinísimo”.
Meses previos al ya famoso 15 de mayo de 2011 y con el funcionariado
en pie de guerra por los primeros recortes que fueron aprobados por la
Asamblea Regional la víspera de la Nochebuena del 2010, el 14 de enero
de 2011 el consejero Pedro Alberto Cruz fue agredido por la noche cerca
del portal de su casa, provocándole heridas de diversa consideración en
el rostro. La Policía Nacional, al mando del entonces delegado de
Gobierno en la Región, Rafael González Tovar, actual secretario
general de los socialistas murcianos, detiene a un joven sin pruebas
contra él y comienza toda una campaña de acoso y derribo contra lo que
el presidente del Gobierno regional, Ramón Luis Varcárcel, bautizó como la “izquierda poliédrica”, ya
que el chico detenido estaba relacionado con el movimiento antifascista
murciano. Durante las 72 horas que estuvo retenido por la Policía
Nacional, en la prensa se revelaron detalles personales de él y de su
familia, incluso información del negocio de su padre, dejando la ética y
la profesionalidad periodística a la altura del betún. A esto siguieron
entrevistas en radio y televisión a nivel estatal, líneas y líneas de
artículos de opinión y toda una campaña mediática por parte del Gobierno
regional en un miserable intento de relacionar la agresión al consejero
con las protestas de los funcionarios. El chico fue puesto en libertad,
ya que el consejero no lo llegó a reconocer como su agresor, y de los
motivos reales de la agresión, posiblemente relacionados con la noche
murciana, nada se sabe, todo disuelto como un azucarillo. Pero nos quedó
alguna explicación sin aclarar: ¿por qué la Policía Nacional retiene 72
horas a un chaval concreto en base a su afiliación ideológica? Ya
entonces preocupó esta situación, pero nadie se podía imaginar el nivel
de represión que se llegaría a alcanzar en esta región.
El 29 de marzo de 2012, día de la huelga general contra el gobierno de Zapatero,
y con González Tovar aún al mando de la Delegación del Gobierno, un
miembro de la Policía Nacional, en las cercanías de la estación de
autobuses de San Andrés, empujó a un participante de un piquete de más
de 60 años con el resultado de la rotura de la cadera y del fémur. Aún
más: delante de varios testigos el funcionario policial se negó a llamar
a una ambulancia para que el hombre fuera trasladado lo más
urgentemente posible a un hospital. Se presentó denuncia penal por un
delito de lesiones y omisión del deber de socorro.
El 4 de mayo de 2012 se organiza una protesta contra la visita de Emilio Botín,
presidente del Banco Santander, a la universidad pública. En el
transcurso de la protesta, la Policía Nacional arrebató el teléfono
móvil a una de las personas presentes tras agarrarla por el pelo y
tirarla al suelo. Días después se le comunica a esta persona que su
teléfono móvil está en el juzgado, lo que se aprovecha para
identificarla y denunciarla junto a otros tres manifestantes haciendo
uso, no cabe otra explicación, de listas negras; ya que las
identificaciones no se hicieron en el momento de la protesta, sino
posteriormente. El pasado 15 de octubre los cuatro acusados acudieron a
la Ciudad de Justicia de Murcia, donde se les comunicó que la vía penal
había prescrito, quedando abierta la vía contencioso-administrativa que
podría ser usada por la Delegación del Gobierno, ya en manos de Joaquín
Bascuñana, para imponer sanciones administrativas elevadas como medida
ejemplarizante e intimidatoria en lo que se denomina represión de baja
intensidad, algo que es usado indiscriminadamente por delegaciones del
Gobierno en todo el Estado.
En junio de 2012, tres ciudadanos de Murcia decidieron interponer
sendas denuncias contra miembros de la UPR por agresiones de todo tipo
cuando protestaban pacíficamente delante de los juzgados contra el
alcalde de la ciudad de Murcia, Miguel Ángel Cámara, que se
dirigía a declarar como imputado en el caso Umbra. La defensa, a cargo
del sindicato policial CEP, basa su argumentación en criminalizar a los
denunciantes con la intención de justificar el uso de la violencia
excesiva por parte de los miembros de la UPR, acusando a los mismos
denunciantes de dedicarse “casi profesionalmente, a alterar el orden
público, en cada manifestación, evento o reunión de personas, llamésele
como se le llame, provocando siempre algún tipo de incidencias en las
que los mismos son los protagonistas” e incluso destacando la presencia “de un conocido antisistema”.
Cabe recordar que ninguno de los denunciantes tiene antecedentes
penales, lo que nos lleva de nuevo al uso de listas negras de personas
que protestan contra la injusticia que estamos viviendo de corrupción,
estafa bancaria y pérdida de derechos.
Prosigamos con uno de los casos más evidentes de montaje policial. El
29 de septiembre de 2012, tras la manifestación en Murcia en el
contexto de las protestas en todo el Estado denominadas “Ocupa el Congreso”,
varios agentes de la Policía Nacional motorizados arremetieron contra
un grupo de manifestantes en frente de la Delegación del Gobierno,
dispersándolos entre golpes de porra indiscriminados y amenazas de
atropello. Un chico de apenas 16 años, Alan, acabó con el tobillo
partido tras el atropello por parte de una moto (necesitó cinco clavos
en el tobillo, meses de recuperación en silla de ruedas y le quedarán
secuelas para toda la vida), fue apaleado y estuvo retenido en comisaria
sin asistencia médica durante horas hasta que se vieron obligados a
avisar a su madre y llevarlo a urgencias por su condición de menor. Alan
denunció al agente que le atropelló y sus acompañantes, lo que provocó
una contradenuncia por parte de la Policía Nacional acusando a Alan de
haber tirado a un funcionario policial de la moto. Inicialmente la
Fiscalía pedía nueve meses de internamiento en un centro de menores para
Alan (una de las penas más altas pedida a un menor sin antecedentes),
petición que tuvo que rebajar a libertad vigilada tras la declaración de
los agentes policiales, que incurrieron en numerosas contradicciones.
Finalmente Alan fue absuelto en un auto donde el juez deja acreditado
que el joven no tiró piedras ni había golpeado ninguna moto.
El 12 de octubre de 2012, en el marco de una manifestación convocada
por la Coordinadora Antifascista del Sureste, varias personas son
denunciadas por altercados con la Policía Nacional que protegía una
manifestación de ultraderechistas en Alfonso X el Sabio. Se da la
circunstancia de que la mayoría de acusados no estaban en la ciudad,
alguno tiene un alto grado de minusvalía e incluso los hay que viven
hace más de cinco años fuera de Murcia. El fiscal ya ha pedido la libre
absolución para 14 de los imputados por estas circunstancias y se está a
la espera del fallo. Estas imputaciones nos demuestran una vez más la
existencia de listados ilegales en la Policía Nacional de personas en
base a su ideología, estética, pertenencia a partidos políticos o
sindicatos.
Llegamos a la mañana del 14 de noviembre de 2012, día de la huelga general en contra de las políticas del gobierno de Rajoy.
Cuando las personas que habían participado en algunos de los piquetes
que habían confluido en torno a la plaza Fuensanta se estaban
despidiendo para ir a comer, efectivos de la UPR acorralaron sin motivo a
algunos de los manifestantes en un callejón estrecho repleto de coches y
otros vehículos a ambos lados de la calzada, cargaron sin previa
provocación física con una proporción aproximada de dos antidisturbios
armados hasta los dientes por cada manifestante desarmado, y finalmente,
con toda su crudeza, empujaron a Carlos contra una moto y le patearon
la cabeza cuando yacía inconsciente en el suelo. Además, otro de los
manifestantes sufrió fractura en una mano y hubo dos detenidos. En un
primer momento se intentó justificar la carga policial afirmando que
hubo provocación previa con lanzamiento de piedras y objetos y se llegó a
decir públicamente que Carlos se tropezó golpeándose con una moto que
estaba en la acera. Incluso en el atestado policial se aportaron piedras
como pruebas de la provocación previa y unos policías de paisano se
hicieron pasar por familiares de Carlos en el hospital de la Arrixaca
para acceder al informe médico. Gracias a la colaboración ciudadana y a
las diferentes pruebas gráficas que fueron apareciendo en prensa se
demostró la actuación represiva y desproporcionada de los
antidisturbios. Ante la evidencia, el jefe superior de Policía, Cirilo Durán, tuvo que reconocer “mala praxis”
en la actuación policial y ordenó la apertura de una investigación
interna. Actualmente la Fiscalía ha interpuesto una querella contra el
Cuerpo Nacional de Policía, en lo que parece una actuación del fiscal
sin precedentes en el Estado Español.
Hagamos un descanso para tomar aliento. Entiendo que mi querida
lectora o lector empezará a estar abrumado; esta sensación abrumadora
solo es una pequeña muestra de lo que tienen que soportar las personas
que protestan pacíficamente en Murcia contra las políticas de recortes,
la pérdida de derechos y los vergonzantes casos de corrupción que
inundan los ayuntamientos de la Región de Murcia. Tomemos un poco de
aliento pero desgraciadamente tenemos que proseguir.
En enero de 2013, un conocido activista de los movimientos sociales
en Murcia fue identificado y denunciado en el transcurso de una
protesta, protesta que desde hace un año se va sucediendo en el barrio
de Santiago el Mayor a favor del soterramiento de las vías y contra la
construcción de un muro que convertiría los barrios del sur de la ciudad
en auténticos guetos. Esta misma persona está sancionada con 1.300
euros por la ocupación de la Conserjería de Educación y el escrache al
consejero Sotoca realizado junto a los compañeros interinos de
Aidmur (Asociación de Interinos Docentes de Murcia), en junio de 2013.
Cabe señalar que en todas estas protestas se hace uso de resistencia
pacífica, por lo que ambas sanciones están recurridas y pendientes de
resolución.
Como todos los martes, el 2 de abril de 2013, día de la conocida
fiesta en Murcia del Bando de la Huerta, la plataforma Pro Soterramiento
del AVE celebraba una concentración reivindicativa en el paso a nivel
de Santiago el Mayor. Miembros de la UPR hicieron su aparición para
identificar y denunciar a los allí presentes, todos ellos vecinos del
barrio. La UPR empezó a detener a miembros de la plataforma cuando éstos
pedían explicaciones por la forma de actuar de la Policía Nacional; una
vecina de avanzada edad fue arrojada violentamente contra el suelo, lo
que provocó la rotura de su muñeca, y finalmente hubo cinco detenidos.
Una persona tendrá secuelas de por vida, uno de los detenidos denunció
agresiones dentro del furgón policial cuando estaba esposado y un
tercero fue derivado a un hospital con una angina de pecho debido a los
golpes que recibió.
Y terminamos con un caso de represión racista. El 25 de julio de 2013 Abou Diemé salió de madrugada del restaurante en el que trabaja con su mujer, Olga,
para ir a por el coche. Mientras maniobraba, varios agentes lo pararon
acusándolo de llevar drogas en el coche. Abou les intentó explicar que
venía de trabajar en su restaurante y que iba a por su mujer, varios
agentes más se incorporaron a la discusión y finalmente recibió un
puñetazo por parte de un agente que le hizo caer al suelo, se
abalanzaron sobre él insultándole con improperios racistas y siguieron
golpeándole, lo que le ha provocado una grave lesión de rodilla que le
impide trabajar hasta el momento, pasados ya tres meses de la agresión.
Golpeado y esposado lo llevaron a comisaria donde estuvo incomunicado 36
horas y recibió humillaciones e insultos. En el coche de Abou no
encontraron ningún tipo de droga y tampoco aparecieron restos de drogas o
alcohol en los análisis de sangre que le hicieron. Tuvo un juicio
exprés acusado por estos policías de ¡intentar quitar una pistola a uno
de ellos! Abou ha presentado denuncia contra estos funcionarios del
Cuerpo Nacional de Policía. Aparte, los 400 euros de la recaudación del
restaurante que llevaba en el coche aquella noche siguen sin aparecer.
Durante estos duros años de represión se ha denunciado en reiteradas
ocasiones la impunidad de la que gozan los miembros del Cuerpo Nacional
de Policía al no ir debidamente identificados con su número de placa, lo
que dificulta la denuncia cuando cometen barbaridades como las
detalladas anteriormente. En este sentido, el colectivo Atrapa presentó
una querella en los juzgados dirigida contra el delegado del Gobierno y
el jefe superior de Policía de Murcia, que iba acompañada de numerosas
fotos y vídeos de un total de seis manifestaciones ciudadanas acaecidas
en 2012, en las cuales ningún agente de policía de los extensos
operativos que las custodiaban llevaba su número de placa. La juez de
instrucción nº 3 de Murcia, María de la Fe Tabasco Cabezas, no
admitió a trámite la querella, permitiendo que se corra un velo de
impunidad ante los responsables políticos por cuya causa la Policía se
siente sin ataduras para apalear sin que sus actos tengan consecuencias
judiciales. Tristemente, la justicia mira hacia otro lado.
Han pasado casi tres años desde que el presidente Varcárcel señalara con su dedo acusador a la “izquierda poliédrica”
como la culpable de la agresión a su sobrino, a la izquierda social y
política que lucha pacíficamente contra los recortes y contra la pérdida
de derechos de toda la población. Visto desde la perspectiva que nos da
el tiempo, pareciera como si aquel dedo acusador de entonces hubiera
señalado el camino de la represión de estos años, un dedo que apunta
hacía los alborotadores de lo que entienden ellos como el orden normal
de las cosas, agachar la cabeza de camino hacia la miseria social.
Hace poco se conmemoró el 50 aniversario del discurso de Martin Luther King “Yo tengo un sueño”.
Desde todas las instituciones se reclamaba la vigencia del mensaje de
Martin Luther King, pero solamente aquella parte del mensaje que no
incomoda al poder; censurando toda la otra parte radical, decidida y
anticapitalista. Sepan ustedes que los herederos de Martin Luther King
son todos estos activistas sociales que siguen aplicando la acción
directa no violenta contra todas aquellas leyes injustas que llevan a la
mayoría social a la miseria; son todos estos activistas de los
escraches, de las concentraciones, de las ocupaciones, de las
manifestaciones, de la resistencia pacífica. Activistas sociales y
políticos que luchan contra un poder cada vez más deslegitimado, que no
duda en usar la violencia represiva para seguir manteniendo los
intereses y los privilegios de una minoría que se sigue enriqueciendo
aún más con la crisis.
La Coordinadora Anti Represión de la Región de Murcia, coincidiendo
con el primer aniversario de la brutal carga policial del 14 de
noviembre de 2012, organiza los días 13 y 14 de noviembre en Murcia unas
jornadas para denunciar públicamente la institucionalización de la
represión como método de contención de la protesta social, de forma que
se haga visible lo que permanece invisible, para verbalizar aquello que
aún permanece en silencio. En palabras del propio Martin Luther King: "(...)
los que seguíamos la senda de la acción directa no-violenta no somos
quienes creamos la tensión. Nos limitamos a traer a la superficie la
tensión oculta que se hallaba en estado latente desde mucho antes. La
sacamos a la luz, porque así se la puede ver y actuar en consecuencia.
Lo mismo que un tumor que no se puede curar mientras siga oculto, y que
debe abrirse en todo su horror a los remedios naturales del aire y de la
luz, la injusticia tiene que exponerse, con toda la tensión que esta
exposición crea, a la luz de la conciencia humana y al aire de la
opinión nacional si es que existe el deseo de subsanarla."
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