Publicado en La Opinión de Murcia
«Bajo un Gobierno que encarcele a alguien injustamente, el sitio adecuado para una persona justa es también la cárcel», escribía Henry David Thoreau en 1848 en su conferencia titulada La desobediencia civil, cita que el Gobierno ha puesto de plena actualidad. Dicha obra sirvió de inspiración a Gandhi en la resistencia contra la ocupación británica en la India, o a Martin Luther King, Jr. en
la estrategia de acciones directas no-violentas en contra de las leyes
segregacionistas de la población negra en EEUU. La desobediencia civil y
la presión social han conseguido a lo largo de la historia la
modificación de leyes que hoy consideramos injustas y nefastas. En
cambio, el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana presentado por el
Gobierno de España en Consejo de Ministros incide claramente en la
criminalización de la desobediencia civil.
El título del citado anteproyecto de ley ya es de por sí manipulador; seguridad ciudadana no es criminalizar al ciudadano que protesta pacíficamente contra las medidas que lo están empobreciendo; seguridad ciudadana es tener servicios públicos de calidad; seguridad ciudadana es tener la garantía de que si pierdes el empleo no vas a vivir en la miseria; seguridad ciudadana es confiar en que siempre va a haber una solución habitacional para ti y tu familia; seguridad ciudadana es saber que aunque lo estés pasando mal económicamente tus hijos e hijas van a poder comer como mínimo tres veces al día y, en definitiva, seguridad ciudadana es tener la seguridad de que no vas a perder tu condición de ciudadano, es decir, que vas a poder conservar intactos tus derechos independientemente de tu estatus laboral y económico.
Por contra, ¿legisla este Gobierno contra la corrupción y el fraude fiscal que en un 80% es atribuible solamente a las grandes empresas y fortunas? No, porque esto sería legislar contra sí mismo y contra la minoría que representa; esa minoría que se sigue enriqueciendo a costa de la mayoría social que va camino de la miseria; minoría que es rescatada con dinero público, que evade impuestos, que lleva el dinero a paraísos fiscales. La Policía debería estar para protegernos de estos antipatriotas de pulserita de España, debería estar para perseguir a corruptos y a los banqueros culpables de esta crisis, y no para reprimir a los ciudadanos que protestan en la calle.
Hay algunos aspectos de este anteproyecto de ley que son especialmente preocupantes. Por un lado se convierten algunas faltas y los nuevos métodos de protesta en infracciones administrativas. Esto que podría parecer una acción despenalizadora del Gobierno no lo es tanto, en realidad se busca castigar administrativamente lo que los jueces no están castigando por vía penal, de hecho hasta verano de este año ninguno de los 447 detenidos en movilizaciones del 15M en Madrid había sido condenado. Con esta medida se busca pasar de un procedimiento penal, en el que se tiene que demostrar que el acusado cometió un delito tipificado, a un procedimiento contencioso-administrativo, en el que el ya multado tiene que demostrar que la administración le ha impuesto una sanción injustamente, a lo que hay que sumar que el sancionado tiene que pagar las tasas para acceder al procedimiento.
En segundo lugar se elimina el concepto de falta para convertir algunas de ellas en delitos leves. Aunque podrían no variar las sanciones impuestas, las faltas no contaban como antecedentes penales, pero ahora convertidas en delito sí. Con esta medida queda clara la intención del Gobierno de que activistas sociales pasen temporadas en la cárcel por acumulación de lo que antes de este anteproyecto de ley eran meras faltas; y estamos hablando de un país con uno de los índices de criminalidad más bajos y con una de las poblaciones penitenciarias mayores respecto a los países de su entorno.
Con todo, lo más preocupante es la indefinición de algunas tipificaciones penales como la de 'ofensa' a España o el uso de términos como 'peligrosos'. En un Estado de Derecho, el principio de legalidad consiste en someter toda actuación judicial en materia penal a la preexistencia de una norma que defina claramente el delito, lo que da garantías al acusado frente a la posible arbitrariedad del poder. Sin embargo, con este nuevo Código Penal lo que se busca es prevenir la comisión de delitos criminalizando a todos aquellos que osen levantar la voz en la calle, lo que es más propio de derechos penales totalitarios.
Cuando al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se le pregunta en rueda de prensa qué considera él como ofensa a España y no sabe responder, no es que esté haciendo el ridículo, es que se está buscando precisamente esta indefinición. Esto abre una gran libertad de interpretación al juez que hace de él un instrumento político de régimen.
'Problemática"', 'autoritaria', 'camino a una dictadura', 'amenaza a la democracia' son algunos de los términos empleados en la prensa europea para definir este borrador de ley; hasta el comisario europeo de derechos humanos, Nils Muiznieks, lo considera 'altamente problemático', a lo que Fernández Díaz ha respondido con el enfrentamiento. Claro, ¿qué se puede esperar de aquellos que una noche se acostaron franquistas y a la mañana siguiente se levantaron demócratas? Efectivamente, que cambiasen en apariencia para no cambiar en la realidad.
Y es que a estos 'demócratas' lo que les va es lo retro, lo anterior a la mal llamada transición.
El título del citado anteproyecto de ley ya es de por sí manipulador; seguridad ciudadana no es criminalizar al ciudadano que protesta pacíficamente contra las medidas que lo están empobreciendo; seguridad ciudadana es tener servicios públicos de calidad; seguridad ciudadana es tener la garantía de que si pierdes el empleo no vas a vivir en la miseria; seguridad ciudadana es confiar en que siempre va a haber una solución habitacional para ti y tu familia; seguridad ciudadana es saber que aunque lo estés pasando mal económicamente tus hijos e hijas van a poder comer como mínimo tres veces al día y, en definitiva, seguridad ciudadana es tener la seguridad de que no vas a perder tu condición de ciudadano, es decir, que vas a poder conservar intactos tus derechos independientemente de tu estatus laboral y económico.
Por contra, ¿legisla este Gobierno contra la corrupción y el fraude fiscal que en un 80% es atribuible solamente a las grandes empresas y fortunas? No, porque esto sería legislar contra sí mismo y contra la minoría que representa; esa minoría que se sigue enriqueciendo a costa de la mayoría social que va camino de la miseria; minoría que es rescatada con dinero público, que evade impuestos, que lleva el dinero a paraísos fiscales. La Policía debería estar para protegernos de estos antipatriotas de pulserita de España, debería estar para perseguir a corruptos y a los banqueros culpables de esta crisis, y no para reprimir a los ciudadanos que protestan en la calle.
Hay algunos aspectos de este anteproyecto de ley que son especialmente preocupantes. Por un lado se convierten algunas faltas y los nuevos métodos de protesta en infracciones administrativas. Esto que podría parecer una acción despenalizadora del Gobierno no lo es tanto, en realidad se busca castigar administrativamente lo que los jueces no están castigando por vía penal, de hecho hasta verano de este año ninguno de los 447 detenidos en movilizaciones del 15M en Madrid había sido condenado. Con esta medida se busca pasar de un procedimiento penal, en el que se tiene que demostrar que el acusado cometió un delito tipificado, a un procedimiento contencioso-administrativo, en el que el ya multado tiene que demostrar que la administración le ha impuesto una sanción injustamente, a lo que hay que sumar que el sancionado tiene que pagar las tasas para acceder al procedimiento.
En segundo lugar se elimina el concepto de falta para convertir algunas de ellas en delitos leves. Aunque podrían no variar las sanciones impuestas, las faltas no contaban como antecedentes penales, pero ahora convertidas en delito sí. Con esta medida queda clara la intención del Gobierno de que activistas sociales pasen temporadas en la cárcel por acumulación de lo que antes de este anteproyecto de ley eran meras faltas; y estamos hablando de un país con uno de los índices de criminalidad más bajos y con una de las poblaciones penitenciarias mayores respecto a los países de su entorno.
Con todo, lo más preocupante es la indefinición de algunas tipificaciones penales como la de 'ofensa' a España o el uso de términos como 'peligrosos'. En un Estado de Derecho, el principio de legalidad consiste en someter toda actuación judicial en materia penal a la preexistencia de una norma que defina claramente el delito, lo que da garantías al acusado frente a la posible arbitrariedad del poder. Sin embargo, con este nuevo Código Penal lo que se busca es prevenir la comisión de delitos criminalizando a todos aquellos que osen levantar la voz en la calle, lo que es más propio de derechos penales totalitarios.
Cuando al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se le pregunta en rueda de prensa qué considera él como ofensa a España y no sabe responder, no es que esté haciendo el ridículo, es que se está buscando precisamente esta indefinición. Esto abre una gran libertad de interpretación al juez que hace de él un instrumento político de régimen.
'Problemática"', 'autoritaria', 'camino a una dictadura', 'amenaza a la democracia' son algunos de los términos empleados en la prensa europea para definir este borrador de ley; hasta el comisario europeo de derechos humanos, Nils Muiznieks, lo considera 'altamente problemático', a lo que Fernández Díaz ha respondido con el enfrentamiento. Claro, ¿qué se puede esperar de aquellos que una noche se acostaron franquistas y a la mañana siguiente se levantaron demócratas? Efectivamente, que cambiasen en apariencia para no cambiar en la realidad.
Y es que a estos 'demócratas' lo que les va es lo retro, lo anterior a la mal llamada transición.
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