“Pedid trabajo, si no
os lo dan, pedid pan, y si no os dan ni pan ni trabajo, coged el pan”
Emma Goldman
¿De donde emana el
derecho?, es decir, ¿de donde vienen los derechos?, ¿existen de por
sí?, ¿alguien se los inventa cuando tiene alguna ocurrencia?, ¿han
existido siempre?, ¿siempre han significado lo mismo?
La filosofía del derecho
aceptada en la actualidad habla de derecho natural. El derecho
natural constituye el conjunto de reglas fundamentales sobre la que
se basa la convivencia humana, que es perceptible por la razón, que
es congruente con la naturaleza del hombre y que representa la
perfecta justicia o el ideal de lo justo. Cuando este derecho está
vigente hablamos de derecho positivo, es decir, cuando este derecho
está escrito en una ley. El derecho positivo y el derecho natural
tienen concordancia, pues el derecho positivo debe inspirarse en el
natural, desarrollándolo. La armonía con el derecho natural es lo
que legitima al derecho positivo.
Sin embargo, cada vez
somos mas conscientes de que las leyes son mucho más permisivas con
ciertos delitos de alto standing
y por el contrario, realmente duras con el pequeño delito. A las
cárceles solo van los pobres, en las cárceles solamente hay pobres.
La acción del SAT en los supermercados ha puesto de manifiesto que
el derecho positivo, las leyes, no tienen por qué coincidir con el
sentido de justicia, y por lo tanto, aún siendo ilegal la acción,
una mayoría la considera justa y legítima. ¿Qué está
ocurriendo?, ¿de donde viene este divorcio entre el derecho positivo
y natural, que deslegitima el primero al menos para un mayoría
social?
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| Immanuel Kant |
Para
explicar este divorcio debemos abandonar la teoría kantiana del
derecho natural, es decir, abandonar la teoría de la existencia de
un derecho universal perceptible por la razón humana anterior a la
organización de las sociedades y contra el cuál no se puede
legislar. De hecho, la percepción de lo justo ha evolucionado a lo
largo de la historia del ser humano. Desde un punto de vista
marxista, materialista, la percepción de lo justo no es anterior a
los sociedades, sino que en cada época del ser humano prevalece el
sentido de justicia de la clase dominante, incluso en contra de los
intereses de la mayoría social. Es decir, son las condiciones
socio-económicas impuestas por la clase dominante las que determinan
un sentido de justicia favorable a sus intereses. De ahí que una
mayoría social percibamos como justo y legítimo acciones ilegales,
porque aún siendo justas para la mayoría, son contrarias a las
leyes que la clase social dominante ha impuesto, con métodos mas o
menos sutiles.
La
crítica de los marxistas a la Declaración Universal de los Derechos
Humanos [1] no proviene de que consideremos injusto lo que allí se
expone, sino del hecho de que no sirve de mucho tal declaración si
no se acaba con el origen de la injusticia, que se encuentra en las
relaciones de explotación presentes en el capitalismo. El desarrollo
histórico del capitalismo nos da la razón; las potencias más
industrializadas, libres y democráticas violan constantemente los
derechos humanos, son incapaces de implantarlos en su propio
territorio, pues el origen de la injusticia sigue existiendo. Yo les
invito a que lean y repasen la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y juzguen ustedes mismos.
En
este sentido, los trabajadores hemos aceptado como natural (en el
sentido descrito anteriormente) el derecho al trabajo. Los sindicatos
mayoritarios se afanan en la defensa de tal derecho, incluso a costa
de especular y retroceder en derechos laborales conseguidos gracias a
años de lucha, sangre, sufrimiento y lágrimas. Pues yo les digo
señores sindicatos mayoritarios, entre los esclavos no había paro.
¿Qué en las entradas de los campos de concentración nazis se
pusiera la expresión alemana Arbeit macht frei (El trabajo os
hará libres) no os da una pista del engaño? Los trabajadores
hemos aceptado que bienestar individual debe ser conseguido con
trabajo individual, de ahí que necesitemos exigir derecho al
trabajo. Y los que no pueden hacer valer este derecho, pues “¡que
se jodan!” [2], que trabajen en lo que puedan, incluso en
condiciones de semi-esclavitud.
Es el régimen de la meritocracia;
en sociedades en (supuesta) igualdad de oportunidades cada uno tiene
lo que se merece, dicen. Y digo yo, ¿qué méritos habrán realizado
los Botín, Ortega y Roig para acumular tal cantidad de riqueza? Y en
cambio, ¿qué pecados despreciables habrán cometido los
desahuciados, parados y pobres de este país para merecerse tal
castigo de miseria e indigencia?
Derecho al trabajo, ¡pero
que absurdo tan grande! Si algo hemos hecho los trabajadores por
encima de nuestras posibilidades ha sido trabajar y producir. Y
después de tanto producir, de tantas casas construidas, de aumentar
tanto la productividad, de tanto avance tecnológico en la
agricultura, industria y servicios en post del progreso y el
bienestar, ¿qué nos queda?, ¿por qué seguimos reclamando más y más trabajo?, ¿es
que nos hemos vuelto todos locos?
De lo que tenemos derecho
es a una existencia digna en nuestras sociedades, independientemente
de nuestro estatus social y laboral. Tenemos derecho a disfrutar de
lo que hemos producido en los últimos años entre todos, tenemos
derecho a casa, comida, ropa, vacaciones, transporte, educación,
sanidad y el resto de servicios sociales. Tenemos derecho a que la
sociedad nos proporcione tal bienestar y que el trabajo quede
relegado a un deber social necesario para hacer efectivo este
derecho, un deber repartido entre todos.
En este momento
histórico, para los trabajadores, una sociedad que no haga valer el derecho a una
existencia digna a todos sus integrantes, es una sociedad fracasada y
debe ser superada.
Pedro Luis López Sánchez
– Twitter @estrateglobal
La Estrategia Global -
http://laestrategiaglobal.blogspot.com/
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[1] Declaración Universal
de los Derechos Humanos, Naciones Unidas,
http://www.un.org/es/documents/udhr/index.shtml
[2] Andrea Fabra, diputada
del PP en el Congreso, gritó ¡que se jodan! cuando el
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunciaba los recortes en la
prestación por desempleo.