“
Salvaje agresión
al consejero de Cultura Pedro Alberto Cruz” titulaba La Verdad
el 15 de enero de 2011 en su edición digital [1]. Al consejero de
Cultura de la Región de Murcia, Pedro Alberto Cruz, tres asaltantes
le agredieron ocasionándole diferentes fracturas en la cara. Las
reacciones no se hicieron esperar, la fiscalía actuando de oficio,
detención inmediata de un joven retenido durante 72 horas sin
pruebas contra él, y la prensa dando detalles de la vida de este
joven y la de su familia, saltándose a la torera cualquier ápice de
ética periodística.
Se montó entonces toda
una campaña mediática durante semanas con entrevistas a nivel
nacional en radio y televisión, línea y líneas de artículo de
opinión, debates en horarios de máxima audiencia, y un presidente
de la Región de Murcia, el Sr. Varcárcel, acusando a la izquierda
poliédrica [2] de la agresión,
en un miserable intento de relacionarla con las protestas de
funcionarios contra los recortes que recorrían entonces las calles
de Murcia. De los autores de la agresión, de los motivos, de la
relación con la noche murciana nada se sabe, mediáticamente tapado,
silenciado.
Resulta
difícil no relacionar aquella agresión con la agresión sufrida por
Carlos Gorairis, miembro de la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca (PAH) de la Región de Murcia, en la jornada de la huelga
general del 14 de noviembre por parte de los antidisturbios que
estaban destinados a la “contención de la masa”,
como lo definiría nuestro querido Delegado del Gobierno Sr.
Bascuñana, en Murcia ciudad. Como decía, resulta difícil no
relacionarlo por el parecido de las heridas sufridas.
En un primer momento, la
Delegación del Gobierno y la Jefatura de Policía se apresuraron a
usar los medios de comunicación para dar su versión de los hechos,
afirmando que hubo provocación previa con lanzamiento de piedras y
objetos y que Carlos se tropezó golpeándose con una moto que estaba
en la acera. En el atestado se aportaron piedras como pruebas de la
provocación previa y unos policías de paisano se hicieron pasar por
familiares de Carlos en el hospital de la Arrixaca para acceder al
informe médico. Y todo esto con toda la impunidad que proporciona
incumplir la norma de ir debidamente identificado, impunidad
denunciada ya en varias ocasiones por diferentes organizaciones de
derechos humanos.
Gracias a la colaboración
ciudadana y los vídeos aportados que han aparecido en prensa digital
estos últimos días, se ha demostrado a los ojos del que quiera ver,
que los antidisturbios acorralaron sin motivo a los manifestantes en
un callejón estrecho repleto de coches y otros vehículos a ambos
lados de la calzada, que cargaron sin previa provocación física con
una proporción aproximada de dos antidisturbios armados hasta los
dientes por manifestante desarmado, y finalmente, con toda su
crudeza, empujaron a Carlos contra una moto y le patearon la cabeza
cuando yacía inconsciente en el suelo. Ante la evidencia, el Jefe
Superior de Policía, Cirilo Durán, ha tenido que reconocer que hubo
“mala praxis” en la
actuación policial y ha ordenado la apertura de una
investigación interna.
¿Y la fiscalía donde
está?, desaparecida, ni está ni se la espera. ¿Habrá
consecuencias para los responsables de esta atroz agresión y de la
cadena de decisiones previas a una carga policial no justificada? La
experiencia nos dice que lo dudemos, es más, en el caso de que
hubiera condenas, ya se encargará el gobierno de turno de conceder
los correspondientes indultos. No sería la primera vez.
Pero Carlos no solamente
ha sido víctima de uno o dos animales con uniforme que han actuado
al amparo de la impunidad que les da no ir identificados con el
beneplácito de sus jefes, no, Carlos ha sido también víctima de
una estrategia bien defina. Desde que se convocó la huelga general
del 14 de noviembre, la derecha (me refiero a la banca, la CEOE y los
partidos que representan sus intereses) ha usado todo su poder
mediático, que es mucho, para primero persuadirnos de que la huelga
es mala para España, como si el origen de la crisis fueran las
huelgas, los sindicatos o los piquetes, después para amenazarnos con
importantes pérdidas económicas, como si los casi seis millones de
parados diarios no lo fueran ya, seguidamente mandando excesiva
presencia policial a las manifestaciones y piquetes donde se
encuentran sus intereses particulares, bancos y grandes empresas,
para convertir el ejercicio mayoritariamente pacífico del derecho a
huelga y manifestación en un problema de orden público; y
finalmente haciendo uso de la violencia desproporcionada y la
brutalidad policial para crear miedo y terror entre las personas que
defienden sus derechos pacíficamente en las calles.
Carlos ha sido víctima
de la estrategia bien definida por la derecha poliédrica, una
derecha que cada vez más deja ver su verdadero rostro.
Pedro Luis López Sánchez
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